Según el derecho internacional, las sanciones penales a la expresión sólo deben aplicarse muy excepcionalmente y como último recurso en los casos más graves, como los de incitación al odio. Sin embargo, a pesar de los importantes esfuerzos en favor de la despenalización de los delitos de expresión, los periodistas de todo el mundo siguen enfrentando cargos penales en casos que no alcanzan ese umbral de gravedad, a menudo en relación con críticas a instituciones o funcionarios públicos.
El alarmante aumento del número de periodistas encarcelados -que alcanzó la cifra sin precedentes de 294 a finales de 2021, según el Comité para la Protección de los Periodistas1- llevó a que el Secretario General de la ONU, António Guterres, instara en 2020 a los gobiernos “a poner inmediatamente en libertad a los periodistas detenidos únicamente por ejercer su profesión”.2 Entre los delitos penales por los que se suele acusar a los periodistas figuran difamación, injurias a funcionarios públicos, sedición, atentados contra la seguridad nacional/el orden público, definiciones vagas de incitación al odio, publicación de “fake news”, blasfemia y terrorismo, entre otros. Los periodistas también son objeto de demandas relacionadas con leyes fiscales, secretos comerciales y violación de derechos de autor. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, también enfrentaron cargos por difundir información falsa o rumores, poner en peligro la salud pública, incitar a la violencia pública e incumplir las restricciones de emergencia impuestas por los gobiernos, entre otros. En algunos casos, la difamación figuraba entre las imputaciones esgrimidas contra periodistas, aunque no era la más frecuente, y a menudo se presentaba en simultaneidad con otros reclamos.
La difamación puede “entenderse en sentido amplio como una declaración falsa que causa un perjuicio injusto a la reputación de una persona jurídica o física”.3 El término “libelo” hace referencia a la difamación en formato escrito u otro permanente, como a través de la radio, la televisión u otros medios de comunicación, incluida la Internet, mientras que “calumnia” alude a la forma oral y no grabada. En algunos ordenamientos jurídicos, los términos injuria y calumnia también se utilizan para referirse a la difamación. Las leyes de algunos países todavía contemplan la figura de la injuria o desacato (difamación de funcionarios, instituciones y símbolos públicos, como la bandera o insignia del país), y cargos de lesa majestad (difamación de miembros de la realeza), a pesar del creciente consenso internacional de que no se ajustan al derecho internacional.
La difamación puede regirse por una legislación específica o por disposiciones incluidas en leyes más generales, que varían de un país a otro. Puede clasificarse como delito penal o como ilícito civil y, en muchos países, sigue siendo ambas cosas. Cuando la difamación está tipificada en el derecho penal puede dar lugar a condenas que incluyen multas o penas de prisión; mientras que los casos tratados por los tribunales civiles se resuelven mediante una compensación económica u otras reparaciones, como una rectificación, una respuesta o una disculpa. La difamación también puede tratarse a través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como los consejos de prensa u otros organismos de autorregulación de los medios de comunicación.
En repetidas ocasiones, los tribunales internacionales de derechos humanos y los órganos de control, las agencias de la ONU, los Mandatos Especiales para la Libertad de Expresión y las OSC han solicitado que se despenalice la difamación, dado el fuerte efecto amedrentador que tienen los cargos penales sobre la libertad de expresión y su desproporcionalidad en aras de proteger la reputación. La campaña por la despenalización de la difamación, entre otros delitos de expresión, se ha desarrollado a escalas internacional, regional y nacional. Ha dado lugar a la derogación de sanciones penales en varios países, pero también ha sufrido reveses. Las disposiciones penales sobre difamación siguen utilizándose para intimidar y reprimir la expresión en todas las regiones, a lo que se suman las indemnizaciones civiles excesivas y litigios vejatorios, entre otros problemas.
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