Juan Carlos García Hoyos, Ph.D.
…………………………………………..
Según la UNESCO, en el 2020 fueron asesinados 62 periodistas en todo el planeta por cumplir con su cometido profesional, el cual, era el de divulgar los atropellos contra una sociedad específica, un espacio de convivencia, un ecosistema, o una estructura patrimonial de caracter histórico.
Desde entonces, la cifra ha aumentado en vez de disminuir, mostrando que entre 2006 y 2024, más de 2.100 profesionales de los medios informativos perdieron la vida de la misma manera. En nueve de cada diez casos, sus asesinatos quedaron impunes.
En muchos países, los periodistas arriesgan su vida por investigar la corrupción, los tráficos ilícitos, las violaciones de los derechos humanos o determinadas cuestiones políticas, medioambientales o culturales.
Sin embargo, no es sólo la amenaza y el acto final del asesinato contra los profesionales de las comunicaciones, lo que cuenta como una acción grave contra la actividad periodística; lo es también la censura, ya que el coartar la información se convierte en muchas ocasiones, en el primer peldaño para generar posibles repercusiones asociadas a la pérdida de la vida de quienes divulgan actos contra cualquier poder hegemónico.
En los casos en que la censura no llega nunca a desenlaces fatales debido a que quien ejecuta el hecho de silenciar a los periodistas no profiere amenazas contra la existencia de éstos, el acto de invisibilizar lo investigado se desarrolla a través de otras alternativas que, por ser aparentemente “civilizadas” y “dentro de la ley”, parecen no conllevar “riesgos colaterales” y por ende, no se manifiestan “nunca” como peligrosas para los comunicadores censurados.
No obstante, no es necesario que un periodista vea su vida en riesgo, para que quien desea acallar su actividad profesional, desarrolle otras estrategias que aún cuando no impliquen acciones radicales contra la humanidad del profesional que ejecuta la acción mediática, sí produzca en el periodista que publica sus investigaciones, tensiones psicológicas, problemas financieros, vetos sociales y se ponga en tela de juicio de manera injusta, su quehacer periodístico.
Y éste último caso es el que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha puesto en la palestra, al condenar en Colombia las acciones de Germán Ricardo Camacho, alcalde de la ciudad de Paipa en el departamento de Boyacá, quien utilizando a su conveniencia el sistema judicial colombiano, ha decidido censurar a los periodistas del medio digital Amigos de Paipa, Rafael Prieto Zartha y Carlos Alberto Vélez, con la intención de ocultar las arbitrariedades y los actos hegemónicos denunciados por los periodistas en cuestión, quienes de manera juiciosa le han hecho un seguimiento a la administración del alcalde Camacho y se han percatado del uso destructivo que el burgomaetre boyacense ha estado realizando, contra la memoria arquitectónica de una de las ciudades más emblemáticas de la historia colombiana.
Las acciones ejecutadas contra los periodistas Rafael Prieto Zartha y Carlos Alberto Vélez, son sólo un ejemplo dentro del espectro mundial de lo que sucede contra los comunicadores que son sensibles a la preservación del arte y la cultura en una de sus manifestaciones más vivificantes, como lo es la arquitectura. La estigmatización, el hostigamiento y las presiones judiciales son la estrategia de quienes desde cualquier cargo público o privado, desean maniobrar contra los profesionales que históricamente han luchado por la preservación de los lugares y los espacios urbanos o rurales. El caso que actualmente se desarrolla en Paipa, es notable a nivel internacional por el trasfondo cultural del mismo. Y es que los ejemplos de acoso y censura contra periodistas que defienden el patrimonio arquitectónico de algun lugar del mundo o el sistema ecológico de cualquier zona del planeta, no necesariamente pasan a ser noticia hasta que alguno de ellos es asesinado.
Es el caso de los periodistas colombianos Luis Arango, Wilton Orrego, Javier Parra, Edwin Dagua Ipia y José Yimer Cartagena, quienes aún cuando son desconocidas para casi todos los colombianos, deberían significar mucho, ya que anunciaron los estragos del cambio climático y la corrupción efectuada por entidades y personas que en esta nación sudamericana, se dedicaron a pagarle a compañías nacionales e internacionales para dragar los afluentes de ríos y quebradas de poblaciones campesinas, con el fin de beneficiar las fincas de grandes terratenientes que se han nutrido por décadas del agua que le han robado a las comunidades nativas. Igualmente, se trata de periodistas que denunciaron de manera regional o nacional, la destrucción de previos históricos de carácter agrícola o que hacían parte del patrimonio arquitectónico de algunas poblaciones de Colombia.
Los periodistas asesinados decidieron, en un ambiente hostil, atravesarse en la ruta de los que están acabando con la naturaleza o con las más emblemáticas construcciones que en muchas zonas de Colombia, nos han legado las culturas aborígenes, o quienes desde la Colonia, la época republicana o principios del siglo XX, decidieron desarrollar la memoria de la Colombia mestiza a través de arquitecturas que han definido el quehacer de la identidad nacional.
Lo que en Colombia viene ejecutando el alcalde boyacense Germán Ricardo Camacho contra los periodistas del medio digital Amigos de Paipa, es una circunstancia que es necesario visibilizar mundialmente, porqué estamos ante un evento ejemplificador de cómo un poder hegemónico desde una posición pública, restringe el derecho fundamental de que una nación se entere de lo que están haciendo contra su misma historia.
